El concepto de la nobleza y la dignidad humana no se mide en los momentos de gloria, sino en la capacidad de asumir la responsabilidad de los propios actos. A lo largo de la historia, la verdadera grandeza ha pertenecido a aquellos hombres y mujeres que, ante el error o la transgresión, han plantado cara a las consecuencias con el pecho descubierto y la verdad por delante. En el extremo opuesto de este ideal de honorabilidad se encuentra una de las figuras más perjudiciales para la salud democrática y moral de una sociedad: el delincuente de cuello blanco.

A diferencia del infractor común, el delincuente de guante blanco no opera desde la marginalidad ni la desesperación; lo hace desde las altas esferas del poder, la influencia y el privilegio. Sin embargo, cuando sus redes de corrupción, tráfico de influencias o desfalco quedan al descubierto, raras veces se observa en ellos un ápice de la valentía necesaria para reconocer el daño causado. Al contrario, es en ese preciso instante de rendición de cuentas donde se manifiesta su profunda cobardía, transmutada en una intrincada estrategia de supervivencia jurídica y evasión moral.
El modus operandi del corrupto de élite no es la confrontación, sino el camuflaje. Para evitar el oprobio y las penas que en justicia le corresponden, despliega un arsenal de argucias judiciales, tecnicismos procesales y dilaciones indebidas. La ley, que debería ser un instrumento de equidad, es retorcida por bufetes de gran prestigio para encontrar lagunas, prescripciones y vicios de forma que entierren el fondo del asunto: el delito mismo. El objetivo no es demostrar la inocencia real —pues la conciencia del hecho cometido es plena—, sino construir una armadura burocrática que impida que la verdad salga a la luz. Es la cobardía institucionalizada, donde el culpable se esconde detrás de folios y recursos para no mirar de frente a la sociedad a la que ha traicionado.

Esta estrategia de evasión alcanza su punto más crítico cuando busca amparo en la subjetividad del estamento judicial. El delincuente de cuello blanco sabe que las leyes son interpretadas por seres humanos y, por ello, intenta activamente alinearse con jueces y magistrados con los que comparte afinidades ideológicas o intereses creados. Al apelar a esa subjetividad compartida, el infractor no busca justicia, sino complicidad velada. Espera que el sesgo ideológico actúe como un filtro atenuante que desvíe la severidad de la norma, transformando un acto inequívocamente delictivo en una mera «discrepancia administrativa» o en una «persecución política». Esta instrumentalización de la justicia hiere de muerte la confianza pública en las instituciones, haciendo parecer que la ley solo es implacable con los desfavorecidos.
Frente a esta degradación del deber, la historia y la memoria colectiva nos recuerdan a aquellos hombres dignos que prefirieron perder la vida o la libertad antes que comprometer su honor. Figuras que entendieron que la defensa de los principios está por encima de la comodidad personal y que la ley se respeta acatando sus dictados, no engañándola. La nobleza radica en la coherencia entre lo que se predica y lo que se ejerce.

Por desgracia, el panorama político actual ofrece ejemplos donde esa coherencia brilla por su ausencia. Es el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien con frecuencia ha pregonado una máxima según la cual, como socialista, se debe pedir poco y dar mucho. Sin embargo, en el contexto actual, sus posiciones y silencios frente a desmanes políticos y éticos no hacen honor a esas palabras tan repetidas. En lugar de erigirse en un faro de rectitud y exigir la máxima transparencia y asunción de responsabilidades dentro de su órbita y en el escenario internacional, se percibe un alineamiento con discursos que relativizan la gravedad de ciertas acciones o que buscan acomodo en la letra pequeña de la legalidad.
Un liderazgo que se pretenda ético no puede escudarse en la ambigüedad ni avalar indirectamente que se intente engañar a la ley. Quien ha ostentado la más alta representación de un Estado debería aprender de aquellos referentes históricos que dieron su vida por la dignidad, demostrando que el verdadero valor se demuestra sosteniendo la mirada a la verdad, sin subterfugios ni magistraturas afines. La historia, al final, despoja los trajes de cuello blanco y solo conserva el recuerdo de quienes actuaron con auténtica rectitud.

Jose Luis Rodríguez Zapatero solo te queda ser o no ser Honorable y Digno y no tener miedo a la Justicia que juzgue tus delitos si los hubieras cometido y no escudarse que esos delitos sean declarados prescritos. No olvides que el delito es delito y debes hacer frente a tus actos si quieres ser recordado como un hombre honrado y digno.

Politólogo. – Sociólogo. -Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.,

José Ignacio Moratinos «El Empecinado» Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos.- Secretario General Ateneo Cultural Villalar.- Presidente Nacional Círculo Cultural El Empecinado.

Ayer Luis Arroyo publicaba un artículo titulado Indignidad. En él lamentaba el deterioro del debate público, denunciaba los excesos verbales de la política española y advertía de los riesgos que supone sustituir los argumentos por la descalificación personal. La reflexión sería impecable si no fuera porque quien la firma es la misma persona que, durante los cinco últimos años, ha protagonizado en el Ateneo de Madrid una de las campañas de descalificación personal más persistentes que se recuerdan en la institución. Hay algo fascinante en contemplar cómo algunas personas detectan con precisión quirúrgica los defectos morales de los demás mientras permanecen completamente inmunizadas frente a los propios. En su artículo, Luis Arroyo se pregunta qué catadura moral tiene quien atribuye delitos o comportamientos deshonestos a personas que considera inocentes.

La pregunta es excelente.
Tan excelente que merece ser aplicada también al Ateneo.
¿Qué catadura moral tiene quien acusa públicamente a otros de «extorsionar al Ateneo»?
¿Qué catadura moral tiene quien impulsa la publicación institucional de expresiones como «fraude procesal», «finalidad espuria» o «pretender una ilícita ventaja económica»?
¿Qué catadura moral tiene quien permite que documentos oficiales atribuyan a determinadas personas «vandalismo», «destrozos intencionados» o que «su única causa es perjudicar al Ateneo de Madrid»?
¿Qué catadura moral tiene quien llama públicamente «pandilla de mentirosos» a quienes mantienen una discrepancia jurídica con él?

Porque la palabra también es materia prima de la vida institucional.
Y cuando las palabras son utilizadas desde una presidencia para señalar, desacreditar y estigmatizar a personas concretas, la institución también se envilece. Pero existe además un aspecto particularmente incómodo en todo este asunto. Las acusaciones no fueron formuladas desde una posición de igualdad entre las partes. No procedían de un ciudadano cualquiera ni de un comentarista ocasional en redes sociales. Procedían del presidente de una institución centenaria que disponía de la página web oficial, de las comunicaciones dirigidas a miles de socios, de las Juntas Generales, de los canales institucionales y de una evidente capacidad de influencia pública. Y buena parte de esas acusaciones se dirigieron contra una empresaria privada y contra quienes mantenían una controversia jurídica con la institución que él mismo presidía. La valentía suele ser una virtud admirable. Luis Arroyo carece de ella, ante la Justicia se amilana y dice: “Su Señoria soy un hombre Honorable, padre de 5 hijos, nunca miento, nunca difama y menos amenazo”. Y antes de entrar en la Sala difamo, amenazo a un Socio delante de otros tres. Pero resulta menos impresionante cuando se ejerce desde la cúspide de una institución contra particulares que no disponen ni remotamente de los mismos altavoces. Porque una cosa es defender los intereses de una institución. Y otra muy distinta utilizar el prestigio, los medios y la autoridad de esa institución para construir un relato de culpabilidad personal contra quienes sostienen una posición distinta.

El artículo de Luis Arroyo contiene una frase particularmente interesante:
«No es solo lo que dices. Es lo que haces.»
Completamente de acuerdo.
No es solo escribir artículos sobre la dignidad.
Es cómo se ejerce el poder cuando se dispone de él.
No es solo denunciar la polarización.
Es decidir si se utilizan los medios institucionales para informar o para construir relatos de culpabilidad.
No es solo reclamar respeto.
Es practicarlo.
No es solo exigir moderación a los adversarios.
Es aplicarla a los propios actos.
Porque la diferencia entre una convicción y una pose suele aparecer cuando las mismas reglas que exigimos para los demás deben aplicarse también a nosotros.
Y ahí es donde el artículo de Luis Arroyo deja de ser un análisis político para convertirse involuntariamente en una pieza de literatura costumbrista.
Una reflexión brillante sobre los defectos ajenos escrita por alguien que parece no haber tenido ocasión de leer las actas de sus propias intervenciones. Donde llama ladrones, sinvergüenzas, que pagáis los vicios y las adicciones a Beatriz, para seguidamente ante la réplica de su hija dice yo mismo las tengo. A Luis Arroyo ya no puede salvarle el “rezar por él” como pide un miembro de su familia. Su camino es la de sus amigos la cárcel.
Luis Arroyo, empieza a ser conocido por más cosas como el de los 30.000 o 50.000 euros las joyas de Zapatero.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Centro de Estudios Ateneos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.- Medalla al Honor Juan Martín “El Empecinado”.

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