El acoso y difamación que sufre el Juez Peinado y su familia por el contertulio de RTVE Luis Arroyo. En la convulsa realidad política de la España contemporánea, la frontera entre la legítima crítica periodística y el señalamiento personal parece haberse desdibujado. El caso del Juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se ha convertido en el paradigma de esta tensión. Lo que comenzó como una instrucción judicial sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha derivado en una batalla campal mediática donde el magistrado y su entorno familiar han pasado a ocupar un primer plano no deseado.

Dentro de este ecosistema de confrontación, la figura de Luis Arroyo Martínez, habitual contertulio en Radiotelevisión Española (RTVE), ha emergido como una de las voces más críticas, situándose en el centro de la polémica por lo que diversos sectores consideran una campaña de desprestigio y difamación que traspasa las líneas rojas del respeto institucional.

Para entender el acoso denunciado por el entorno del Juez Peinado, es imperativo analizar el contexto. La instrucción de un caso que afecta directamente al núcleo familiar de la Moncloa ha activado todos los resortes de la maquinaria política. En este escenario, el término «lawfare» (guerra judicial) ha pasado de ser un concepto académico a un arma arrojadiza diaria.

El Juez Peinado, un magistrado de larga trayectoria, se ha visto de repente bajo un escrutinio que pocos jueces han experimentado en la historia democrática de España. Sin embargo, la crítica no se ha limitado a sus decisiones jurídicas —las cuales son recurribles en derecho—, sino que se ha desplazado hacia su esfera personal y familiar.

Luis Arroyo no es un contertulio cualquiera. Como presidente del Ateneo de Madrid (llego al Ateneo de Madrid, con un grupo organizado y planificado, para desvincularlo de los fines Fundacionales del mismo y ponerlo al servicio de intereses de Partido).

Vinculado históricamente a sectores del espectro del progresismo caviar, sus intervenciones en programas de RTVE tienen un peso específico. La controversia surge cuando, desde un medio financiado con fondos públicos, el análisis se desplaza de los autos judiciales hacia la biografía y los vínculos de los allegados del juez.

Uno de los puntos más críticos de esta narrativa ha sido la mención recurrente a la hija del magistrado, Patricia Peinado, quien desempeña cargos de responsabilidad política a nivel local. El argumento esgrimido por Luis Arroyo sugiere que las decisiones del juez podrían estar teñidas por la ideología de su entorno familiar.

Para los defensores de Peinado, este señalamiento no busca la transparencia, sino la intimidación. Al poner el foco en su familia, se envía un mensaje claro de presión que busca erosionar la resistencia anímica del instructor.

      El derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, y los jueces, como servidores públicos, están sujetos a una crítica más severa que un ciudadano común. Sin embargo, la difamación y acoso ocurre cuando la crítica se basa en la descalificación personal, el insulto o la atribución de intenciones espurias sin pruebas fehacientes.

Luis Arroyo ha sido acusado por diversos sectores de utilizar su espacio en RTVE para construir un relato donde Peinado no es un juez buscando la verdad, sino un actor político con una agenda oculta. Al calificar las acciones judiciales de «absurdas», «delirantes» «partidistas» “que no sabe escribir” “impresentable” de forma sistemática, se contribuye a un clima de deslegitimación que trasciende la pantalla.

«Cuando el análisis político se convierte en un ataque personal sistemático, la salud democrática se resiente. La independencia judicial no solo se protege con leyes, sino con un respeto institucional que parece estar en vías de extinción.»

El acoso denunciado no solo afecta a la persona de Juan Carlos Peinado; afecta a la institución que representa. Si un juez percibe que investigar a ciertas figuras del poder conlleva un linchamiento mediático hacia sus hijos o su cónyuge, el efecto es inhibitorio.

Las asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por estos ataques. Consideran que la estrategia de Luis Arroyo y otros contertulios de la televisión pública busca crear un «ambiente irrespirable» que fuerce la abstención del juez o, en su defecto, invalide cualquier decisión futura que no sea favorable a los intereses del Ejecutivo.

La responsabilidad de RTVE en este conflicto es ineludible. Al ser el medio de todos los españoles, se espera un equilibrio que a menudo brilla por su ausencia en las mesas de debate. La presencia de perfiles como el de Luis Arroyo, cuya vehemencia contra el Juez Peinado ha sido constante, plantea dudas sobre si se está informando al ciudadano o si se está participando activamente en una campaña de desgaste institucional.

La difamación en el ámbito público tiene un efecto multiplicador. Un comentario vertido en una tertulia matutina se convierte rápidamente en tendencia en redes sociales, donde el acoso se vuelve anónimo, incontrolable y mucho más agresivo.

Históricamente, en la política española existía un pacto no escrito: las familias estaban fuera del debate. Este pacto se ha roto. En el caso de Peinado, el hecho de que su hija sea objeto de noticias y comentarios despectivos por parte de contertulios busca tocar el punto más vulnerable de cualquier individuo.
Este fenómeno de «culpabilidad por asociación» es peligroso. Si aceptamos que la ideología de un hijo contamina el trabajo de un padre (o viceversa), estamos negando la autonomía individual y profesional de ambos
El caso del Juez Peinado y las críticas de Luis Arroyo Martinez en RTVE son un síntoma de una enfermedad mayor: la polarización extrema. Para que el sistema funcione, es necesario que los jueces puedan instruir sin miedo a represalias personales y que los periodistas puedan criticar sin caer en el acoso.
La difamación y el acoso no puede ser el peaje que un magistrado deba pagar por cumplir con su deber de investigar. Si permitimos que el señalamiento a las familias se convierta en una herramienta política aceptable, estaremos sacrificando la justicia en el altar del espectáculo mediático.
Es hora de recuperar el respeto. No por el Juez Juan Carlos Peinado como individuo, sino por el respeto a las instituciones que garantizan que, en una democracia, nadie —ni siquiera los más poderosos— está por encima de la ley. La labor de Luis Arroyo Martinez debería centrarse en elevar el nivel del debate, no en descender a las trincheras del ataque personal que solo sirve para fracturar aún más a la sociedad española.
Desde la llegada de Luis Arroyo con un Grupo Organizado al Ateneo de Madrid, la difamación, el acaso, la agresión, las amenazas, la Administración Desleal son su tarjeta de visita. Están llevando premeditadamente a la quiebra al Ateneo de Madrid, lo grave es que con el silencio premeditado de los Medios de Comunicación mayoritariamente.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”,

Publicación original en X – laotraizquierda @sehacesaber2023

Ante la grave situación que se viene viviendo en el Ateneo de Madrid desde la llegada en 2021 de un Grupo Organizado bajo aparentemente la mano de Luis Arroyo y su compañera en ese momento Pepita Marín Rey-Stolle (consejera de Prisa).

Los integrantes del “Centro de Estudios Ateneos” nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública que su llegada ha supuesto para el Ateneo de Madrid una deshonra para su histórica trayectoria desde su fundación en 1820, ya que han realizado obras sin licencia e incluso han llegado a engañar a Su Majestad el Rey, haciéndole acudir al Ateneo para inaugurar el 200 Aniversario de la “Docta Casa” cuando en realidad ya se había realizado cuando correspondía, es decir 2 años antes, recibiendo a la entonces Junta Directiva del Ateneo de Madrid en el Palacio de la Zarzuela.

Tenemos que añadir a lo anterior la injustificada venta de propiedades donadas al Ateneo por una socia con la condición de que si no se cumplían los fines de dicha donación revertieran a sus herederos, el ocultamiento de las cuentas, así como las condiciones de los créditos que está solicitando la actual Junta de Gobierno, entre un sinfín de muchas más irregularidades, supuestamente delictivas, como se está viendo en la concesión de la Cantina del Ateneo sin acuerdo a Ley y engañando a los concesionarios, como ellos mismos han presentado ante el Juzgado en una querella por delito de estafa agravada.

En la Junta General del Ateneo, celebrada ayer 27 de enero, ante la petición por escrito de 35 Socios de acuerdo con nuestro Reglamento, en la que solicitaban que el Ateneo de Madrid se uniera a la petición ya aprobada por 5.000 instituciones culturales del mundo, manifestándose en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela, Luis Arroyo leyó un acuerdo de su Junta Directiva en la que se oponía a ello, clausurando la Junta de Socios sin proceder a ningún tipo de votación.

En este punto tomaron la palabra un socio miembro del grupo de los 35 firmantes de la propuesta para exponer sus argumentos, así como otros 2 contrarios a que el Ateneo se manifestara contra la dictadura de Maduro. Ante esta situación y haciendo frente a la pasividad mostrada por Luis Arroyo, el Presidente del “Centro de Estudios Ateneos” intervino a favor de la petición en defensa de la Justicia y de los Derechos Humanos, alegando que el Ateneo de Madrid estaba posicionándose con La Moncloa y con Zapatero. Finalizó su intervención haciendo ver la gravedad de la situación del pueblo venezolano y leyendo un mensaje que acababa de recibir de un Diputado de Venezuela señalando que en esos mismos instantes Maduro había disuelto los Parlamentos Regionales y el Parlamento Nacional, convocando elecciones para finales de abril.

Por todo lo anterior, al denunciar las irregularidades que está viviendo el Ateneo de Madrid desde la llegada del Grupo encabezado por Luis Arroyo y su compañera de entonces Pepita Marín, y debido a la importante repercusión social y política de esta institución, estimamos que los hechos relatados requieren una mayor vigilancia y seguimiento por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

Francisco José Alonso Rodriguez. – Presidente “Centro de Estudios Ateneos”.