Durante la reciente campaña electoral del Ateneo de Madrid, el Grupo 1820 volvió a presentarse como garante de la regeneración de la Docta Casa. Su folleto electoral hablaba de “las luces encendidas”, de transparencia, pluralismo, convivencia, excelencia y cumplimiento normativo. El relato era claro: un Ateneo revitalizado, reconciliado con su tradición y recuperado para los socios.
Sin embargo, mientras el entorno de Luis Arroyo celebra previsiblemente una nueva victoria electoral y reivindica públicamente su gestión, existe otra realidad mucho menos luminosa que resulta difícil ignorar: varios miembros de la actual Junta de Gobierno aparecen identificados en un atestado policial que dio origen a una investigación judicial actualmente tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid.
El problema para el Ateneo no es únicamente jurídico. Es también moral, simbólico y reputacional.
Porque una investigación por posibles coacciones afecta precisamente al núcleo de aquello que el Ateneo dice representar desde hace dos siglos: la libertad, el respeto a la voluntad ajena, el diálogo y la resolución racional de los conflictos.

Del relato épico al atestado policial
El atestado policial de 16 de octubre de 2024 recoge la intervención de Policía Nacional tras un salto de alarma en el local de la calle Santa Catalina nº 10, vinculado a la Cantina del Ateneo.
Según el propio atestado, a la llegada de los agentes se encontraban presentes varios miembros de la dirección del Ateneo junto a un cerrajero. Entre ellos figuraban Luis Arroyo Martínez, Pepita Marín, Pedro López Arriba, Marta Sanz, Agapito Pageo, Isabel Peñalosa y Marcos Arbeloa Losada, abogado del Ateneo y presidente de la agrupación 92 Liberales.
La resolución posterior de la Audiencia Provincial recoge además que Luis Arroyo manifestó a los agentes que se encontraban “cambiando la cerradura del local”, constando igualmente referencias a bombines sustituidos y puertas interiores manipuladas para permitir accesos entre distintas zonas del inmueble.
El atestado también refleja que la parte arrendataria manifestó no haber autorizado el acceso y que el local funcionaba como sede operativa y espacio de almacenamiento de documentación y equipos informáticos.

La imagen resulta difícil de asociar con una institución que históricamente quiso representar la primacía de la palabra sobre la imposición.
Durante la intervención policial se encontraban presentes perfiles ampliamente vinculados al ecosistema institucional y cultural madrileño: Luis Arroyo, presidente del Ateneo y consultor de comunicación política; Pedro López Arriba, miembro de la Junta de Gobierno y figura histórica vinculada a la vida interna de la institución; Marta Sanz, vicepresidenta del Ateneo y directiva del sector audiovisual; Agapito Pageo, gestor cultural y asesor vinculado a iniciativas públicas de protección de menores; Isabel Peñalosa, jurista y miembro de la Junta de Gobierno; y Marcos Arbeloa, abogado del Ateneo y presidente de la agrupación 92 Liberales.
Precisamente por eso la escena proyecta una contradicción difícil de ignorar. Porque no se trata de perfiles ajenos a la representación pública de valores asociados al diálogo, la convivencia, la mediación o la racionalidad democrática, sino de personas acostumbradas a operar en espacios institucionales, culturales y jurídicos donde esos principios forman parte esencial del discurso público.

La Audiencia Provincial obliga a investigar
La gravedad del episodio aumentó todavía más tras el Auto dictado el 24 de abril de 2026 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó el archivo inicial acordado por el Juzgado nº 45 y ordenó continuar la investigación.
La resolución considera expresamente que “no es posible descartar la comisión de un presunto delito de coacciones” en relación con los hechos reflejados en el atestado policial.
La Audiencia recuerda además que existía documentación acreditativa de que la autorización para acceder al local había sido denegada expresamente por la parte arrendataria, constando incluso comunicaciones previas donde se proponía acudir a medidas cautelares y mecanismos judiciales para resolver el conflicto.
Lejos de considerar irrelevantes los hechos, el tribunal afirma que no puede acordarse un sobreseimiento sin una mínima investigación cuando los hechos descritos “pueden tener trascendencia penal” y existen “posibilidades reales de investigación”.
Por ello, la Audiencia Provincial ordena expresamente practicar diligencias y tomar declaración tanto a denunciados como a denunciantes hasta el “completo esclarecimiento de los hechos”.

La normalización del conflicto
La situación adquiere una dimensión todavía más inquietante cuando se observan las declaraciones públicas realizadas posteriormente por miembros de la propia Junta de Gobierno en las actas oficiales de distintas Juntas Generales Ordinarias del Ateneo.
Lejos de presentarse como un incidente aislado o una actuación improvisada, diversas intervenciones reflejan una actuación asumida, deliberada y defendida públicamente. En una de ellas, el propio presidente del Ateneo llegó a afirmar que la decisión de actuar se adoptó “por unanimidad de la Junta de Gobierno”, añadiendo además que actuaron “sabiendo perfectamente lo que hacíamos”.
La relevancia de estas afirmaciones no corresponde valorarla aquí desde una perspectiva penal, cuestión reservada exclusivamente a los tribunales. Pero sí proyectan una imagen especialmente delicada: la de una dirección plenamente consciente de la excepcionalidad de determinadas actuaciones y de las posibles consecuencias derivadas de ellas.
Esa percepción aparece reforzada además por otras intervenciones producidas posteriormente en el propio seno del Ateneo. En una Junta General centrada precisamente en cuestiones de compliance y responsabilidad, miembros de la dirección llegaron a reconocer públicamente la posibilidad de “encontrarse en sus casas con una denuncia” y actuar incluso “con su responsabilidad personal y con su patrimonio personal”.
La cuestión deja así de parecer un simple exceso puntual o una reacción improvisada en un momento de tensión. Lo que emerge es algo mucho más inquietante para la propia Docta Casa: la normalización interna de actuaciones extraordinarias mientras simultáneamente se reivindicaban públicamente discursos de regeneración ética, cumplimiento normativo y excelencia.
Y quizá precisamente ahí aparezca una de las cuestiones más delicadas para el Ateneo.
Porque las reiteradas referencias públicas a decisiones adoptadas “por unanimidad”, junto a la posterior defensa pública de lo ocurrido, desplazan inevitablemente el foco más allá de quienes estuvieron físicamente presentes en los hechos descritos en el atestado policial.
Lo que empieza a emerger es la imagen de una actuación asumida colectivamente por los órganos de dirección del Ateneo, con todas las implicaciones reputacionales, organizativas y eventualmente patrimoniales que ello podría llegar a proyectar tanto sobre la propia institución como sobre quienes participaron en la toma de decisiones.
Lejos de tratarse de una explicación aislada o de una reacción puntual, las referencias públicas a lo ocurrido fueron repitiéndose durante meses en distintas Juntas Generales, consolidando un relato donde las actuaciones descritas aparecían justificadas como una decisión consciente, colegiada y necesaria para los intereses del Ateneo.

La inversión moral del conflicto
La documentación incorporada al procedimiento proyecta además una inversión moral especialmente reveladora para el relato construido públicamente durante estos meses.
Días antes de los hechos investigados, la representación legal de la parte arrendataria remitió un burofax al Ateneo advirtiendo expresamente de la improcedencia de cualquier entrada unilateral en el local y denunciando “continuas maniobras de presión” para forzar la entrega de la posesión.
El documento resulta hoy particularmente significativo porque incluso anticipaba que se pretendía acudir al local “con un notario y un cerrajero para dejar las puertas expeditas cuanto antes”, exactamente el tipo de actuación que posteriormente acabaría reflejada en el atestado policial.
Pero quizá el aspecto más relevante del burofax sea otro: lejos de promover la confrontación, la representación legal de la arrendataria proponía expresamente acudir a medidas cautelares y a un procedimiento judicial contradictorio para que fuese un juez quien resolviera el conflicto dentro de la legalidad y bajo supervisión judicial.
Y es precisamente esa secuencia documental previa la que vuelve todavía más difícil de ignorar la posterior escena descrita por Policía Nacional y la decisión de la Audiencia Provincial de ordenar la continuación de la investigación.

La desigualdad del relato
La asimetría existente en este conflicto no era únicamente jurídica. También era profundamente narrativa.
Frente a una estructura integrada por profesionales de la comunicación política, la publicidad, la gestión cultural y el ecosistema mediático madrileño, la otra parte carecía prácticamente de capacidad para disputar públicamente el relato de los acontecimientos.
Mientras unos disponían de prestigio, visibilidad y experiencia en construcción de discurso, la otra apenas contaba con documentos, denuncias, burofaxes y la posibilidad de acudir a los tribunales.
Quizá por eso resulta especialmente significativo que, pese a esa desigualdad evidente, optara reiteradamente por mantenerse dentro de los cauces estrictamente legales y no claudicar ante la presión.
La contradicción adquiere además otra dimensión especialmente delicada si se recuerda que el propio entorno dirigente del Ateneo impulsó en los últimos años iniciativas públicas como “Las mujeres en su sitio”, destinadas a reivindicar el papel histórico de las mujeres dentro de la institución.
Una iniciativa valiosa y necesaria, pero cuya carga simbólica vuelve todavía más visible la enorme asimetría existente entre una poderosa estructura de poder y una pequeña empresaria que terminó defendiendo prácticamente sola sus derechos mediante recursos judiciales y documentación.

La contradicción final
El folleto electoral de 1820 presenta como uno de sus grandes logros “la recuperación definitiva del bar y el restaurante” y reivindica haber actuado bajo criterios de “cumplimiento normativo”, “transparencia” y “honradez”.
Y precisamente ahí aparece una de las preguntas más incómodas de todo este episodio.
Porque una cosa es presentar públicamente la recuperación de un activo del Ateneo como un éxito político y cultural, y otra muy distinta que dicha recuperación termine asociada a una investigación judicial derivada de actuaciones sobre accesos y cerraduras.
La cuestión ya no afecta únicamente a las posibles responsabilidades individuales que pudieran derivarse de la investigación. También alcanza al coste reputacional, moral e incluso potencialmente patrimonial que determinadas decisiones pueden proyectar sobre la propia institución si los hechos investigados acabaran generando consecuencias futuras.
Ese es probablemente el verdadero daño causado a la Docta Casa.
No solo el posible recorrido judicial de los hechos investigados, sino la erosión simbólica que supone para una institución cultural aparecer asociada públicamente a dinámicas incompatibles con los valores que proclama defender.
Porque las instituciones culturales pueden sobrevivir a los conflictos. Lo que rara vez sobreviven es a la pérdida progresiva de la autoridad moral que dicen representar.

¿Es esto cultura?
El Ateneo de Madrid no es una sociedad mercantil cualquiera. Su legitimidad histórica descansa sobre algo mucho más frágil y valioso: su autoridad moral e intelectual.
Por eso resulta tan difícil comprender cómo una institución que durante generaciones simbolizó el pluralismo, el pensamiento libre y la convivencia intelectual ha terminado viendo a miembros de su Junta de Gobierno asociados públicamente a una investigación judicial de esta naturaleza.
Tal vez el problema sea haber normalizado internamente comportamientos que jamás deberían haber formado parte de la vida de una institución cultural.
Porque las luces del Ateneo no se apagan únicamente cuando desaparece la actividad cultural.
También se apagan cuando la Docta Casa deja de confiar en la palabra, el diálogo y los cauces judiciales para resolver sus conflictos.

Y esa es una sombra mucho más difícil de disipar.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafel del Riego”. Medalla Internacional DD. HH

Sólo un ignorante calificar al Ateneo de “sociedad analógica, elitista y que tiene que acomodarse a los tiempos”. Lleva dos siglos acomodándose. Se cita a Unamuno, Valle Inclán, Azaña o Cánovas ignorando la tarea de personas de renombre nacional e internacional unos más modestos, otros más ignorados, pero todos decentes y cultos: Murphy, presidente de la Sección de Música al que debemos los cuadros que regaló su prima “Madame Anselma” elegida socia de honor en 1891, Moret que creó cursos gratuitos de extensión universitaria para que el “proletariado pudiera dignificarse intelectual y moralmente”. En el primero fue única docente Pardo Bazán que presidiría la Sección de Literatura. El “elitismo” fue conceder “cuatrocientas becas para sociedades obreras y otras personas que lo solicitaran”. El que denunciante ignoran a Azcárate, Dato, Becerra, Echegaray, Pastor Díaz, Costa, Canalejas, Rodríguez Carracido y un inmenso. etc.

El Ateneo fue el paradigma de la democracia hasta junio de 2021. En su primer Reglamento consta:  sin educación pública no hay verdadera libertad”. Hemos honrado a los socios que nos precedieron con conferencias y debates en mesas redondas sobre temas de nuestra especialidad profesional o de nuestra cultura. Los expertos no socios también dieron charlas gratuitas como exige el Reglamento hoy violado: “dar una charla gratis en el Ateneo es una forma de pagar nuestra deuda social por la oportunidad tenida negada a tantos por una sociedad injusta”. Eso es el Ateneo.

Nada que ver con ese “club privado “¿a la inglesa?”, ¿se puede ser más paleto? Eso pretenden los que desnaturalizan el Ateneo, montan “chiringuitos” de clases “pagando a los seleccionados a dedo” violando el Reglamento. Lo reconoció en EL DEBATE (03.02.2025). Organizan “cocidos” ¿Es eso el Ateneo? Hoy nos preside un “parvenu” que durante cuatro años consecutivos ha sido incapaz de inaugurar el curso del Ateneo con un discurso, quizá porque “de donde no hay no se puede sacar”. Humilla así al Ateneo y a los socios.

Confesó su objetivo de apropiarse a la fuerza del Ateneo: “Se nos ocurrió organizar un club de debate y un amigo nuestro nos propuso que fuéramos al Ateneo. Lo visitamos, nos vimos con el presidente y con el primer secretario y empezamos a llamar a gente. O entrábamos con fuerza o no podríamos hacer nada”. Esa gente hoy viola el Ateneo que no es ni fue nunca un club de debate. Fue y volverá a ser una oferta de ilustración y cultura democrática gratuita; sin discriminación de socios, sin “chiringuitos” para producir beneficios “colaterales” sin violar el Reglamento pagando clases a “docentes elegidos a dedo” y dejando sus salones a “la prensa amiga”. Un miembro de la Junta de Gobierno estafó al Ateneo. Al descubrirse lo devolvió.

El Ateneo ha sido invadido por una manada de perjuros como Fernando VII. Les identifica el año de su perjurio: 1820. Tras comprometerse a respetar el Reglamento, nuestra constitución, lo han violado desde el primer día y así llevan cuatro años porque no logran cambiarlo ni con sus dos elecciones fraudulentas y con las comisiones electas violando los principios de democracia y pluralidad de la ley de asociaciones (LODA), impidiendo corregir las falsedades de las actas impidiendo el debate con amenazas y más violaciones de la LODA incluidos presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.

Como Fernando VII, su objetivo es la dictadura que han implantado violando el actual Reglamento democrático. Al recordarles sus violaciones responden como lo que son: “denúnciame al juez” entre la algazara del resto de “la manada” de violadores. Y aun presume de su violación en la prensa.

¿Si les disgusta nuestro Reglamento por qué no crearon su “club inglés” y dejaron en paz al Ateneo? Cuesta más esfuerzo crear algo que apropiarse de lo creado por otros invadiéndolo Son varios miles de metros cuadrados en el centro de Madrid; y se roba el espíritu del Ateneo al desvirtuarlo en un “chiringuito” productor de “cocidos”. ¿Por qué prohíben el control documental y contable y hasta el debate con gritos, amenazas e insultos a los socios? Pero se descubre el “apaño ilegal” de condonación de deudas, de arrendamiento fraudulentos al quien no pagó al Ateneo; se alteran la naturaleza del arrendamiento; se oculta que se modifican sus cláusulas; se contratan préstamos violando la LODA y el CC; se propone que el Ateneo pague sanciones del Ayuntamiento l para evitar querellas, se renuncia al ingreso por traspasos que además son fraudulentos. Todo es indiciario de delitos de estafa y administración desleal.

Ojalá algún día la justicia condene a estos violadores. Felizmente sus tres edificios son un bien BIC y es difícil el fraude para su venta, el que hicieron con un inmueble no protegido.

La prensa que en su día se preocupó por el Ateneo hoy apoya estas violaciones; otras veces se calla, ¡pero aún hay prensa libre que no se calla!

A veces la corrupción viene de arriba a abajo; otras de abajo a arriba. Ahí está Trump.

El Ateneo sobrevivirá. Lo hizo al cierre de Fernando VII, a la dictadura de Primo de Rivera, al secuestro de Franco. Lo hará a esta invasión putinesca que ahora sufre.

Abogado. -Doctor en Química Industrial. – Secretario General “Centro de Estadios Ateneos”, Miembro de Honor “Circulo Cultural Juan Martin “El Empecinado”.

«¡O maldito seas de Dios, Sancho! dijo a esta sazón Don Quijote. Sesenta mil Satanes te lleven a ti y a tus refranes; una hora a que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormenta … Dime: ¿Dónde los hallas, ignorante o cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase» se quejaba D. Quijote, creemos que injustamente.” Por Dios, señor nuestro amo, replicó Sancho, que vuestra merced se queja de bien pocas cosas. ¿A qué diablos se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes?» Una correcta defensa.

Faltaban muchos siglos para que la CE1812 dijera “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles” (art. 366) y más adelante añadiera: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes” (art. 371). Hoy, más de dos siglos después algunos aún recuperar el “nihil obstat”.

La cultura popular, ¿quizá el 99.99 % de los “súbditos”? se condensaba en refranes. Era la experiencia vital de siglos; el Código consuetudinario de convivencia pacífica. La aparente contradicción entre sí enseñaba que nadie tiene la verdad absoluta y que sólo el fanático cree poseerla. Denunciaba el abuso de poder dictatorial de quien confunde el Estado consigo mismo como Luis XIV revelando su catadura moral que respalda esa cohorte de fanáticos “adeptos siempre al poder” que si antes te asesinaban hoy votan “democráticamente” que el martes es jueves. Galileo, como tantos, para salvar su vida abjuró “de la perniciosa doctrina de que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve”. Esos tiranos, estafadores de la verdad, declaran en el Ateneo cada mes que hay JGO que “el martes es jueves” y exigen respeto a ese fraude de ley. Esa es “su democracia” 

Al Ateneo lo salvan los “herejes” cuyas opiniones constan en las actas, salvo en las falseadas, que son todas. En la de Junta de Gobierno (JdG) del 16.08.2021 – también Franco cometía sus mayores desmanes legales ese mes – consta en el siguiente punto del Orden del Dia: “3.- Ratificación por Junta General [JGO] del acuerdo de la JdG sobre la cantina”. No citamos nombres. Sólo nos interesa el hecho: “1º Yo no asistí a la sesión de Junta de Gobierno en la que se decidió lo de la Cafetería” (se refiere al fraudulento contrato, art. 6.4 CC, firmado semanas antes por el presidente y el Sr. Pérez que es NPD por violar el Reglamento del Ateneo y la Ley de Asociaciones (LODA) que son los que rigen el Ateneo, art. 1), y añade: “Es decir, no he participado en esa decisión. 2º Pienso que el contrato con la Cafetería tendría que haberse pasado a votación de la Junta General antes de firmar dicho contrato y no después”. 

Nadie negó este hecho: ¡milagro, milagro!: el entonces legal presidente usurpó las funciones de la JGO sabiendo que carecía de competencia “expresamente atribuida” (art. 16. 4º). Añade el acta: “No estoy de acuerdo con que se lleve a Junta General después de que se haya anunciado que la Cafetería abrirá sus puertas el 2 de septiembre.” Se suma a la nota dos miembros más que “piden que conste en acta que cree que no está clara la soberanía de la JdG para poder firmar el contrato de arrendamiento” es un eufemismo 

Lo claro son los siguientes hechos apodícticos: 1º.- violó el RDA porque 2º.- usurpó la competencia de la JGO (art.- 16. 4º); 3º.- violó “las exigencias de la buena fe” (art.- 7.1 CC), 4º.- sabiendo que tal competencia “no la tiene expresamente atribuida” (art .16. 4º) y 5º.- abusó de su autoridad al imponer una votación que 6º.- es un fraude de ley  porque “pretende conseguir lo que la ley prohíbe”(art. 6.4 CC): 7º.- un falso acuerdo que es NPD por “falta de consentimiento válido” (art. 1.261 CC) pues 8º.- lo prestaron los socios  “por error, violencia, intimidación y dolo” (art. 1.265 CC) pues 9º .- fue “inválidamente adoptado (art. 1)  10º.- por impedir el obligatorio acceso a los contratos para saber qué votaban (art. 35) 11º.-  violó el principio democrático del secreto del voto (art. 2.5º LODA), 12º.-  su sanción es la Nulidad de Pleno Derecho (NPD) de la que 13º.- es responsable su identificable autor material e intelectual (art. 14.4º LODA).

Un acto NPD significa que NO EXISTE para el tráfico jurídico y que no prescriben y que los que deriven de ello, como la querella de los     arrendatarios es NPD conforme al Principio General de Derecho del “fruto podrido del árbol envenenado”; salvo mejor opinión (s. m. o.). Las alforjas del Ateneo rebosan ilegalidades. La cohorte de votantes “adepta al régimen del presidente”, él los eligió, se impuso en la JdG por siete votos contra dos en contra y dos abstenciones. Aquel día “el martes empezó a ser jueves en el Ateneo”. Así seguimos. 

Abogado. – Doctor en Química Industrial.- Secretario General Centro de Estudios Ateneos.- Socio de Honor Circulo Cultural Juan Martin “El Empecinado”

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